Diálogo Social de Castilla y León
A. Administración General de la Comunidad de Castilla y León
Otro
El desarrollo y ampliación en la prestación de servicios públicos experimentado en las últimas décadas ha conducido a las Administraciones Públicas, para el cumplimiento de sus fines institucionales, a la celebración de un voluminoso número de contratos públicos de servicios, en muchos casos muy intensivos en mano de obra. Esta circunstancia ha convertido a las Administraciones Públicas, por la vía de hecho, en un agente clave en las relaciones jurídico-laborales.
La Junta de Castilla y León a través de su Junta Consultiva de Contratación Administrativa, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, manifestó su compromiso en la garantía de los derechos de los trabajadores que prestan sus servicios en la ejecución de contratos públicos en Castilla y León, aprobando el pasado 15 de junio de 2016, adelantándose casi dos años a la entrada en vigor de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (en adelante LCSP), una serie de recomendaciones.
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