Qué es el diálogo social

Las sociedades más modernas y avanzadas de la Unión Europea se caracterizan y distinguen por la institucionalización del Diálogo Social entre la Administración Pública y los agentes económicos y sociales, representados por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.

El fomento del Diálogo Social como factor de progreso económico y cohesión social, se contempla por el Estatuto de Autonomía de Castilla y León en su artículo 16, párrafo cuarto, como uno de los principios rectores de las políticas públicas de Castilla y León.

Si algo distingue a la política de la Comunidad de Castilla y León en su conjunto, es el alto nivel de concertación social alcanzado, hasta el punto de convertirse en una Comunidad Autónoma pionera en el desarrollo del Diálogo Social y una indudable referencia a seguir cuando se quiere reforzar la eficacia y el apoyo de las actuaciones mediante el obligado concurso de las organizaciones sociales y económicas.
El propio Estatuto de Autonomía de Castilla y León respalda el Diálogo Social, convirtiéndolo en principio rector de las políticas públicas de la Comunidad y factor de progreso económico y social, como así lo prueban las múltiples iniciativas desarrolladas tendentes a potenciar la competitividad empresarial, la inserción laboral y la empleabilidad de los trabajadores.

La Ley 8/2008, de 16 de octubre, para la creación del Consejo del Diálogo Social y regulación de la Participación Institucional, constituye el soporte y la articulación legal necesarios para que la Junta de Castilla y León y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de esta Comunidad, una vez más, se pongan de acuerdo en lo que al diseño e implementación de las políticas de empleo se refiere.

Desde que en el año 2001 se pusiera en marcha este proceso, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León se han suscrito más de 60 acuerdos, en diversas materias, en el ámbito del Diálogo Social. Y en el conjunto de los mismos destacan sin duda las frecuentes actuaciones dirigidas, ya sea directa o indirectamente, hacia el empleo, entendiendo la política de empleo como prioritaria a todos los efectos.